El estado de la nación, según podemos
Desmontando a Pablo Iglesias
Iglesias ha escenificado esta semana una réplica al presidente Rajoy con un discurso programático plagado de incoherencias y vaguedades.
Iglesias, autoerigido en líder de la «oposición real», amparado por las encuestas que le conceden el 25% de la intención de voto, desgranó sus recetas para convertir España en un paraíso de la igualdad social, de la energía verde, de la pulcritud institucional y del empleo asegurado. El problema es que su diagnóstico, entreverado de medias verdades y mentiras, tiene poco que ver con la realidad. Aquí están desmontados, uno por uno, los mandamientos del apóstol del «cambio». Impuestos a los ricos: "Vamos a subir los impuestos a los ricos para recaudar 92.000 millones más" Iglesias recalca que «los que están más arriba deben pagar más» y que España está por debajo de la UE en la recaudación fiscal que obtiene de este colectivo, hasta nueve puntos, y que subiendo los impuestos se podrían recaudar 92.000 millones más. Pretender que un supuesto impuesto a los ricos obtenga una recaudación extra de 92.000 millones es desconocer el sistema tributario español, que no logra recaudar más de 160.000 millones en total.
El propio IRPF, el impuesto más potente, sólo reúne 70.000 millones, y esto con datos de 2013 con la subida del PP, que situó los impuestos en los niveles más altos de Europa.
El IVA, con el alza de septiembre de 2012, recauda 50.000 millones. Iglesias pone de ejemplo a Francia, apelando al impuesto a los ricos lanzado por Hollande. En campaña, el presidente francés prometió recaudar hasta 7.000 millones, y al final sólo ha recaudado 400 millones. Hollande lo ha retirado un año antes de lo previsto. A esto se suma que la primera versión la tumbó el Consejo Constitucional galo y su anuncio ha provocado fuga de grandes fortunas y celebridades francesas a Bélgica y Rusia.
En España, el artículo 31 de la Constitución prohibe que el sistema tributario tenga carácter confiscatorio, un umbral que la mayoría de la OCDE sitúa en el 50%. Las fortunas abandonan fácilmente los territorios que gravan más de la media, lo que ocurrió con las sicav en País Vasco en 2010, cuando se subió su tributación del 1% al 28% y abandonaron el territorio foral cerca del 75%. Un país de energías verdes: "Hay que comenzar la transición hacia el uso de las energías renovables" Iglesias recalca que impulsaría las energías verdes, a la vez que critica la subida de los costes de la factura de la luz, culpando abiertamente a la privatización de las empresas en este sector como responsable de una supuesta menor eficiencia.
Una afirmación gratuita que ignora el núcleo del problema, al tiempo que evidencia desconocer que sólo una eléctrica fue hace década y media privatizada. Se apunta, sin base alguna, a la defensa de las renovables sin reparar que han constituido el factor esencial para explicar los drásticos incrementos en la factura de la luz en los últimos años. Los mayores aumentos de costes se han producido precisamente cuando las energías renovables han ganado peso en el pool. Si entre 2001 y 2005, la luz apenas se incrementó un 4,3% (un tercio de la cesta general de precios), y se disparó en un 54,6% entre 2006 y 2012 (cuatro veces más que la cesta media).
Por más que en años posteriores el coste se haya estabilizado, las subvenciones, primas y demás astillas no relacionadas con la generación de electricidad suponen el 62% del recibo, como seguramente no ignora Pablo Iglesias. Que las energías verdes sean rentables constituye todo un mito, al menos por muchos años venideros. La fotovoltaica, con apenas el 5% de la producción, representa el 22% de los costes del sistema.
Resulta, por lo demás, sorprendente que Iglesias se plantee ahora comenzar una transición hacia las renovables, cuando éstas suponen ya el 46,9% de toda la potencia instalada. Mayor contradicción cuando pretende a la vez realizar esta revolución verde, al tiempo que promueve una masiva reindustrialización del país, sin explicar cómo compensaría unos costes energéticos que se encuentran ya entre los más elevados de Europa por culpa de las renovables. Si pretende reducir la factura de luz a golpe de nacionalizaciones, seríamos una vez más los contribuyentes los paganos de esta aventura.
Un mensaje nada tranquilizador de cara a los millones de pequeños ahorradores partícipes directos o a través de fondos de pensiones e inversión de las compañías eléctricas. Las amenazas de aplicar un modelo bolivariano para domeñar la economía a golpe de corneta, afortunadamente no tendrían porvenir alguno mientras nos mantengamos en la Unión Europea. Quita a la deuda pública: "Tenemos que hacer una reestructuración ordenada de la deuda" Las consecuencias de pretender una condonación de la deuda pública española resultarían demoledoras. Bastaría su mera formulación para derrumbar la cotización de la deuda, disparar la prima de riesgo y cerrar el acceso a los mercados financieros. Eso sin contar con la notable incongruencia de plantear tamaño terremoto justo cuando los tipos de interés se encuentran cercanos a cero.
Para su propósito Iglesias tiene dos vías: la unilateral, es decir, suspender pagos y sumir al país en un caos financiero, o la propuesta a unos acreedores que no saldrían de su asombro ante tamaña ocurrencia. No cabe poner el ejemplo extremo de Grecia como patrón de conducta. Ni nuestra deuda resulta insostenible ni estamos en situación de rescate. El mero hecho de especular con algo tan serio resulta sumamente preocupante.
Iglesias no puede ignorar que tal ocurrencia, al margen de arruinar a millones de futuros pensionistas cuyos fondos se nutren básicamente de deuda, pondría contra las cuerdas al sistema financiero y a la solvencia de nuestra economía. Más serio que el impacto sobre la subida en flecha de los costes financieros para el Estado, sería la brusca imposibilidad de obtener créditos por parte de las empresas. En suma, un panorama de derrumbe productivo y caída de la renta a niveles insospechados.
Obviamente, España no obtendría financiación para pagar servicios básicos como la sanidad, la educación, las pensiones o el sueldo a los funcionarios. Que algunos economistas hayan señalado el actual nivel de endeudamiento público y privado como un factor que dificulta la recuperación, es una cosa.
Otra muy distinta, embarcarse alegremente en escenarios de reestructuración de la deuda, impagos o quitas. Especialmente, si se trata de vender la piel del oso antes de cazarlo. Iglesias debería hacer gala de mayor prudencia al plantear cuestiones tan delicadas que pueden provocar movimientos de desconfianza en nuestro país a poco que las encuestas le otorguen una mínima posibilidad de sustancial representación. Resulta extremadamente irresponsable promover iniciativas que tanto pueden dañar a nuestra economía. Sanidad gratuita: "Cuando yo gobierne la sanidad será universal y gratuita para todos" En España, pese a negar la realidad Pablo Iglesias, la atención sanitaria es universal. Todos los españoles tienen derecho a la misma, así como los extranjeros residentes en el país. Cualquier persona, con independencia de su situación legal, tiene acceso a una atención básica (urgencias, partos, programas de salud pública, atención de menores, tratamientos contra el SIDA...).
Además, desde el 1 de septiembre de 2013, los extranjeros que no han regularizado su situación pueden suscribir un convenio, equivalente a un seguro para recibir atención a cambio de un montante moderado (60 euros al mes de 18 a 64 años, y 157 si exceden dicha edad). Los menores y mujeres embarazadas son atendidos como el resto de la población asegurada.
A lo único que se ha puesto coto es al turismo sanitario, asegurando que los gastos incurridos se facturen a los países de origen de los beneficiarios para su cobertura por su Seguridad Social.
Le resultará difícil a Iglesias explicar en qué sentido su oferta de gratuidad implica un valor añadido respecto al actual estado de cosas. Todo se reduce, como resulta habitual en él, a una formulación grandilocuente y efectista pero huera de contenido. Control del BCE: "El BCE debe ser un instrumento en manos de los Gobiernos" Una de las piedras angulares del pensamiento de Podemos es que los servicios que el pueblo demanda no pueden depender de que alguien los puedan financiar o no. De ahí que Iglesias señalara el miércoles que «el totalitarismo financiero es lo que nos roba la democracia». Para evitar depender de «los especuladores» es necesario que el Banco Central Europeo esté orientado hacia los ciudadanos.
No basta con un programa de compra de activos más grande que el de Estados Unidos, es necesario que ese dinero se traslade directamente a los españoles mediante una banca pública.
No explica obviamente cómo piensa convencer a los restantes socios de la Unión para introducir los modos asamblearios en una Institución clave e independiente como el BCE. Olvida que no se trata de una instancia política, por mucha influencia que ejerza, obedeciendo al mandato de asegurar la estabilidad económica como bien esencial para el conjunto de los ciudadanos de nuestro continente.
El impulso otorgado al crecimiento mediante su vasto programa de relajación cuantitativa, muestra bien su preocupación por asentar las bases de una recuperación sostenible. Lo que no cabe es plantear que se convierta en una ONG, sólo preocupada por extender cheques sin mostrar interés alguno por cobrarlos después.
Es tal vez en este epígrafe donde Iglesias muestra el absoluto desconocimiento que tiene de cómo funciona Europa y para qué sirve un banco central. Un BCE «bajo control democrático» no podría mantener la independencia actual, base de su credibilidad. Nacionalizaciones: "Algunos sectores deberían ser desprivatizados por una cuestión de eficacia" Iglesias defiende que «algunos sectores que aseguran bienes fundamentales deberían ser desprivatizados por una cuestión de eficacia». Sin embargo, al hablar de «desprivatizaciones» debería ser más específico y explicar con detalle en qué sectores se considera que el Estado debería ser dueño absoluto de las empresas y por qué razón, y en qué actividades sería mejor que la prestación corriese a cargo de una empresa privada aunque el Estado mantenga un poder regulador al que el sector privado debe ajustarse.
Empresas públicas de los más diversos sectores creadas durante el franquismo, e incluso antes, han sido privatizadas. ¿A qué sectores se refiere Podemos? ¿A la electricidad? ¿El petróleo? ¿Las comunicaciones? ¿La aeronáutica? ¿La siderurgia? La experiencia demuestra que la liberalización de la mayoría de estos sectores ha producido, como consecuencia de la competencia entre agentes privados, el avance tecnológico, la mejora de las prestaciones y la internacionalización de las compañías.
Todo ello, en última instancia, supone un beneficio para los ciudadanos. Además, las privatizaciones contribuyen tanto a reducir la deuda pública como el déficit, al quedar eliminadas las subvenciones que las compañías estatales con pérdidas suponen para las arcas del Estado.
La nacionalización de empresas privadas, como ha sucedido en países como Venezuela, Bolivia o Argentina, provoca inmediatamente una pérdida de la credibilidad institucional y de una profunda sensación de inseguridad jurídica del país expropiador, lo que a su vez aleja a potenciales inversores. En el caso de la UE, una nacionalización chocaría de lleno con las garantías jurídicas establecidas por los tratados comunitarios. Rescate a la banca : "Los demócratas rescatamos gente, no bancos" Pablo Iglesias ha repetido por activa y por pasiva que el Gobierno ha rescatado a los bancos pero no a las personas. Sin embargo, esta frase esconde la realidad, ya que si el Estado hubiera dejado caer a las entidades financieras las consecuencias para la economía española, para los ciudadanos y para las empresas hubieran sido funestas.
Aunque teóricamente los depositantes de menos de 100.000 euros sí podrían haber recuperado sus depósitos gracias al Fondo de Garantía, los ahorradores, el tejido productivo del país y el empleo hubieran notado, en gran medida, el golpe de dejar caer a la banca. Incluso más que los accionistas de estas entidades. Frente a lo que señala Podemos en sus discursos, el Gobierno no ha rescatado a todas las entidades financieras, sino al 30% del sector.
Y si no se hubiera producido el rescate se hubiera contagiado todo el sistema, también las entidades sanas, el 70% restante que no han recibido dinero público.
Además, se hubiera cerrado completamente la financiación, ya que entre el 80% y el 90% de los créditos que recibe el sector privado los otorgan los bancos, algo que el Gobierno está intentando remediar potenciando otras fuentes de financiación alternativas. Y la tasa de paro se habría disparado más allá del 30%. Soberanía nacional: "Cuando en la UE se negocia seriamente se logran acuerdos, cuando se obedece no se llega a acuerdos presentables" El discurso está plagado de referencias a la soberanía nacional al hablar de derechos, pero sus palabras se diluyen pronto en cuanto se habla de obligaciones. Así, reclama una Hacienda pública europea, una fiscalidad compartida y una deuda mancomunada. ¿El objetivo? Que los países del norte asuman las obligaciones de los países del sur.
Sin embargo, resulta muy ingenuo creer que Alemania, Holanda, Austria o Finlandia van a poner su deuda en el mismo saco que España, Italia, Portugal o Grecia. Y menos aún que lo vayan a hacer sin exigir unas políticas estables comunes, como el Pacto de Estabilidad, de cuyas reglas Podemos reniega. Iglesias asegura que un hipotético gobierno suyo lo conseguiría, al asegurar que él sería un más férreo negociador que los presidentes anteriores: «Cuando se negocia seriamente se logran acuerdos». El problema es que no es así.
Cumpliendo el programa de reformas pactado, España ha logrado que el BCE trabaje para que el coste de sus intereses cayera del 7,5% en 2012 al 1,3% en la actualidad, mientras que Grecia logró ahorrarse tres cuartas partes de los intereses con los anteriores rescates. En cambio, el nuevo Gobierno de Syriza, después de duras sesiones de negociación, ha conseguido tener que renunciar a todas sus propuestas y recuperar el programa del Ejecutivo anterior.
Iglesias se jacta de que «a nosotros no se nos puede amenazar», porque España es la cuarta economía de la eurozona, pero sería igualmente difícil que España pudiera condicionar a toda el área monetaria. Además es ridículo pensar en si pueden o no amenazar a España, cuando es necesario atraer inversiones, y éstas sólo surgen en un clima de confianza. Contra el turismo: "Nuestro modelo productivo está devastado tras años de especialización en el turismo y el inmobiliario" La andanada contra el turismo es sorprendente en tanto que este sector es la principal actividad económica del país, aportando el 11% del PIB. El año pasado propició la afiliación de dos millones de personas a la Seguridad Social, el 12% del total nacional.
Según el World Travel & Tourismo Council, el turismo inyecta al año 160.000 millones de euros en la economía española, y es el principal motor del sector servicios, esencial para la marcha del país.
A ello contribuyen las cifras récord de turistas extranjeros que se han registrado en los últimos años: en 2014 aterrizaron 65 millones, 4,3 millones más que el año anterior. En total hicieron un gasto de 63.094 millones de euros, un avance interanual del 6,5%. Y eso que la demanda extranjera solo supone la mitad de todos los ingresos del sector turístico: la demanda nacional comenzó a revitalizarse con claridad en el último trimestre del año pasado, con el correspondiente aumento de las pernoctaciones hoteleras.
El turismo tiene una importancia clave para reducir el endeudamiento exterior, ya que representa la mayor entrada de divisas en la economía. Demonización de las empresas: "Europa no se merece estar gobernada por esta casta que defiende los intereses de las grandes empresas a costa de los intereses de sus ciudadanos" En su alegato de Gobierno defiende una importante subida de salarios, una subida de cotizaciones sociales y una subida de impuestos a las empresas, combinado con una reducción de la jornada laboral, bajo la premisa que repartiendo el trabajo podrán trabajar más personas. Y quiere hacerlo todo a un tiempo, o sea, la cuadratura del círculo del mercado laboral. Suponiendo que lo hiciera, habría que ver lo que tardarían las empresas en deslocalizarse huyendo de un país en el que tendrían que pagar más impuestos, más cotizaciones, más salarios, mientras los empleados trabajan menos. Difícilmente se encontrarían inversores para hacer posible la reindustrialización que defiende Iglesias.
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